En en juicio que terminó con la condena al ex gobernador José Alperovich, el juez Juan Ramos Padilla ordenó que se investigue a cinco personas. Tres de ellas por falso testimonio y a las otras dos que se analizará si cometieron una falta técnica por los informes que presentaron en la causa y que luego fueron confirmados oralmente en el debate.

Los tres sospechados de falso testimonio son:

- Juan David Callata: actual suboficial de policía con prestación de servicios en Anca Juli. Primero fue custodio y después chofer del ex gobernador José Jorge Alperovich. En el debate habría omitido brindar detalles claves.

- Víctor Hugo Decataldo: empresario vinculado al transporte, estrecho colaborador del ex gobernador y ex pareja de Sarita Alperovich. En el debate dijo que pretendió “sacarle” información a la víctima sobre la denuncia que pensaba realizar. Pero no proporcionó esa información cuando declaró durante la etapa de instrucción. En el juicio señaló que había actuado como un agente encubierto por el amor que tenía por la hija del ahora condenado.

- Manuel Segundo Frías: el mozo negó haber mantenido contacto con la víctima, pero la audiencia quedó demostrado que lo hizo antes de que declarara en el debate oral. Cayó en algunas contradicciones cuando fue interrogado en el juicio.

El Código Penal establece que “será reprimido con prisión de uno a cinco años, el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”. La investigación será realizada en Buenos Aires.

Filmaciones

Por otra parte, el juez Ramos Padilla decidió remitir las filmaciones de los testimonios y copias de los informes que presentaron en el expediente las psicólogas Viviana Sedler y Paula Sánchez Ayala, que fueron contratadas por la defensa para que realizaran informes sobre la víctima.

La condena a Alperovich: un mensaje a la sociedad que favorece a las víctimas

Sedler, entre otras cosas, señaló que “los hechos denunciados como violación pueden producir estrés postraumático y es algo que no se notaba en este caso”. “Yo detecté la presencia de un trauma, pero no pude detectar su origen”, detalló. Tras ella declaró Paula Sánchez Ayala, quien avaló el informe de Sedler, aunque aclaró que no conocía a la denunciante, que ella no le había hecho ningún test y que sólo había leído lo que había escrito su colega.

A diferencia de los otros testigos, las conductas de las profesionales deberán ser analizadas por especialistas del Ministerio de Salud de la Nación para determinar si no cometieron una falta ética.

El magistrado tampoco cerró las puertas para que se inicien investigaciones en contra de otros testigos. Por ese motivo, autorizó a las partes a que analizaran el expediente para encontrar pruebas y realizar la denuncia.